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Policías cuentan cómo FABRICARON escena tras masacre por ORDEN del Gobernador Cabeza de Vaca en Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo

“Nuestro jefe de grupo nos dio la instrucción de colocar casquillos percutidos al exterior del inmueble y también de dispararle a la camioneta que ya estaba colocada ahí, de manera que pudiésemos justificar los motivos por los que entramos al domicilio (…) En la camioneta estaba el cuerpo de quien respondía al apodo de ‘El Negro’, pero no tengo conocimiento de cómo murió, además escuché que nuestro jefe de grupo dio la instrucción de que le fuera colocado el chaleco con el que finalmente apareció, pero tampoco sé quién lo haya hecho”.

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Esta es parte de la declaración prestada en noviembre de 2019 por Juan Carlos Vicenzio Zuvirie, agente del extinto Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), y testigo protegido dentro de la carpeta 406/2019 que investiga la masacre de Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo.

Vicencio Zuvirie y otros seis compañeros están acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada por los hechos del 5 de septiembre de 2019 en los que 8 personas fueron asesinadas. Medios revelaron que el gobernador Javier García Cabeza de Vaca fue quien tres semanas antes había dado la orden del operativo, según documentos aportados a la causa. 

El oficial y otros dos policías (Zayra Concepción Guevara Garza y Azariel Urbina Arguelles) son testigos protegidos, por lo que han eludido la prisión hasta el momento. Los elementos José Rafael González Villapando (que estaba al mando en el operativo) y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre están en la cárcel, mientras que Edith Esteban Cruz y Francisco Hernández Carbajal se encuentran en busca y captura y se ofrece una recompensa de 250 mil pesos. 

Se tuvo acceso a las declaraciones de los tres agentes, incluidas dentro de la carpeta de investigación 406/2019, en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas. En ellas, mantienen la versión difundida en un inicio por la Secretaría de Seguridad Pública y aseguran que las muertes se produjeron por un enfrentamiento y que no hubo ejecuciones extrajudiciales. “Lo que se comunicó a la ciudadanía por parte del gobierno del Estado el día de los hechos no se aparta del todo de la realidad”, dijo Vizencio Zuvirie. 

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Este segundo relato, sin embargo, incluye ya varios elementos que difieren de la explicación oficial. Los policías admiten que practicaron detenciones en tres casas y no solo en la que se produjo la masacre; reconocen que alteraron la escena por orden de un superior y aseguran no tener idea de cómo falleció una de las víctimas, que apareció muerto en mitad del cordón policial, en lo alto de una camioneta que había sido trasladada allí por los agentes. Esta segunda versión, sin embargo, difiere también de las declaraciones de 14 testigos presenciales que también están incluidas en la causa. 

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ANTES DE CONTINUAR DEBEMOS ACLARAR A LOS LECTORES QUE ALGUNOS DE LOS EJECUTADOS SI PERTENECIAN AL CARTEL DEL NORESTE, INCLUSO CONSTANTEMENTE EN REDES SOCIALES SOLITOS SE PUBLICABAN CON ARMAS Y ALARDEABAN CON PERTENER AL GRUPO DE MALANDROS SINTIENDOSE INVENCIBLES

El operativo según los policías-testigos

Sobre las 5 de la mañana, un equipo del CAIET escoltado por al menos una veintena de soldados, se dirige a una vivienda en la colonia Buenos Aires de Nuevo Laredo. Según los policías, el destacamento está integrado por los siete agentes imputados por la FGE y buscan armas de gran calibre que, supuestamente, estarían en poder del Cártel del Noreste. Al irrumpir en este primer domicilio, encuentran a una persona llamada Enrique Pérez Chávez, a quien apodan el Negro y a quien consideran integrante del crimen organizado y quien estaría custodiando un vehículo con blindaje artesanal. 

Este les habría asegurado que las armas se encontraban en una segunda vivienda, esta vez en la colonia Buenavista, a la que se dirigen. Allí, siempre según la versión de los agentes, capturan a Luis Fernando Hernández Viezca, quien les dirige a un tercer domicilio: la casa en la que tuvo lugar la masacre en Valles de Anáhuac.

Los tres policías coinciden en testificar que, al llegar a esta tercera vivienda, son objeto de un ataque por parte de civiles armados y que, en mitad del tiroteo, Hernández Viezca es capaz de escapar de la custodia y adentrarse en el domicilio, desde el que también comienza a disparar. Finalmente, las siete personas que se encontraban al interior del domicilio (cuatro hombres y tres mujeres) resultan muertas. Además, el cuerpo de Pérez Chávez aparece, con un chaleco antibalas que algún policía le coloca, sobre el vehículo con blindaje artesanal que había sido movido desde la colonia Buenos Aires, ubicada a unos 8 kilómetros de distancia. Según revelaron medios, la carpeta de investigación incluye declaraciones que apuntan al capitán José Jorge Ontiveros Molina, actual secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tamaulipas, como el oficial que solicitó la grúa para mover este vehículo. 

“Nosotros no ejecutamos a nadie, no los torturamos, mucho menos los sujetamos y no los vestimos, las mujeres que encontramos en el último domicilio ya se encontraban ahí y el equipo táctico con el que fueron abatidas era de su propiedad”, declaró Azariel Urbina Arguelles, quien aseguró que los relatos ofrecidos por los testigos son “falsos”.  

Tras ese supuesto enfrentamiento, el jefe del operativo, González Villapando, instruye a sus subordinados para que siembren casquillos percutidos en el exterior y disparen contra el blindado para simular un tiroteo que, según esta versión, se había producido minutos antes. ¿La razón? Justificar una irrupción en una vivienda sin orden judicial alegando que habían sido atacados. Uno de los detalles que más dudas generan sobre esta versión es la aparición del cadáver de Pérez Chávez en mitad de una zona acordonada por el Ejército y sin que los policías que están ahí puedan precisar quién lo ha matado. 

Para convertirse en testigos, los agentes prometieron dar detalles sobre las decisiones adoptadas por su superior González Villapando, sobre las circunstancias de la muerte de las ocho personas, acerca del traslado de la camioneta blindada y en relación a la participación de integrantes del Ejército en el operativo, algo que todavía no se ha producido. 

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